¿Qué implica fallo de juez de Nevada que impide a ICE encarcelar a quienes enfrentan deportación?
El gobierno del presidente Donald Trump revirtió décadas de política migratoria el verano pasado cuando determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debe encarcelar a casi toda persona que enfrente la deportación, incluso si ha vivido en Estados Unidos durante décadas y no tiene antecedentes penales.
Pero un tribunal federal en Nevada falló el martes pasado en contra de esa política, al señalar que viola la ley federal y causa un “daño irreparable” a quienes son arrestados. La decisión, emitida por el juez federal de distrito Richard Boulware II, representa la primera vez que una demanda colectiva en Nevada revoca una política del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por sus siglas en inglés) y podría afectar a cientos de personas, al permitir que hasta 60 por semana soliciten su liberación en el estado.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Nevada, una de las partes demandantes en el caso, indicó que esto podría permitir que potencialmente miles de detenidos por cuestiones migratorias soliciten la libertad bajo fianza, y que es aplicable a inmigrantes que cumplan los requisitos en todo el estado.
El fallo representa un enorme triunfo para los defensores de los inmigrantes en Nevada, quienes se han opuesto a la creciente colaboración de los gobiernos locales con el ICE. Desde que Trump volvió al cargo, los arrestos por cuestiones migratorias se han disparado en el estado, y la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes de delitos violentos. Nevada también alberga uno de los centros de detención más saturados del país.
“La decisión es enormemente trascendental”, afirmó Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, en una entrevista con The Nevada Independent. ”Si esta decisión se mantiene, la gente tendrá la oportunidad de volver con sus familias”.
Cómo funciona
El gobierno de Trump ha promocionado la política —a la que se le llama “detención obligatoria”— como clave para su campaña de deportaciones masivas. La norma, que se aplica a inmigrantes que ingresaron al país sin inspección y fueron detenidos dentro de Estados Unidos, no sólo somete a más personas a la detención cuando impugnan su deportación, sino que además les prohíbe pedirle a un juez de inmigración que sopese liberarlas bajo fianza. Más de 100 jueces en todo el país han fallado en su contra, al considerarla una violación de los derechos al debido proceso, ya que impide que las personas cuestionen su detención.
Previamente esta semana, la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito falló a favor del gobierno de Trump en un caso similar, aunque esa decisión sólo afectará partes de California.
Antes de la implementación de la política, las personas que no habían cometido delitos graves o que recibían una orden de expulsión en la frontera podían solicitar fianza.
En un comunicado emitido el viernes, un portavoz del DHS dijo que “activistas judiciales han sido revocados repetidamente por la Corte Suprema en estas cuestiones. El ICE tiene la ley y los hechos de su lado y el ICE seguirá acatando todas las decisiones judiciales hasta que finalmente sean anuladas por el máximo tribunal del país”.
El fallo ya está teniendo impacto. Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV), que representa a clientes que enfrentan la deportación, comentó que ya ha visto esta semana la concesión de fianzas que, de otro modo, habrían sido denegadas. Agregó que la posibilidad de que alguien sea liberado bajo fianza puede marcar una enorme diferencia en la vida de una persona, al permitirle volver a casa con su familia y ver de nuevo a sus hijos cuando aguarda novedades en su caso.
La decisión permitirá que extranjeros sin estatus legal o que estén en procesos de expulsión en Nevada soliciten un amparo. Para el 7 de abril, el gobierno está obligado a difundir avisos sobre el fallo en las áreas comunes de los centros de detención cuando las personas ingresen a ellos. Para el 14 de abril, los centros deben proporcionar formularios que permitan a las personas impugnar su encarcelamiento ante un tribunal, lo que se conoce como una petición de habeas corpus.
Kagan añadió que, antes que el gobierno de Trump implementara la norma de detención obligatoria, los jueces de inmigración negaban de manera rutinaria la fianza a los inmigrantes que consideraban un peligro para el público.
“Esta política no tenía que ver con un peligro para el público”, sostuvo Kagan. ”Sólo se trataba de encerrar a inmigrantes indocumentados”.
El caso fue presentado por la Clínica de Inmigración de la UNLV y la ACLU de Nevada a finales de octubre en nombre de Víctor Ramírez y Édgar Alcantar, después que se les negaran audiencias de fianza. Ambos llegaron a Estados Unidos siendo menores y no tenían condenas penales. A los dos se les concedieron audiencias de fianza en noviembre, después que se presentara la demanda.
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